LA DIMENSIÓN INVISIBLE
Ser mujer o familiar de una persona que trabaja en el sector justicia o seguridad pública implica guardar silencio y encubrir el trabajo de sus parejas, hijos o padres por sentirse vulnerables ante las miradas de desconocidos. Ellos, por su parte, se ven obligados a cubrirse los rostros para protegerlas. El Sistema Interactivo de Avisos de Violencia de Género (SIAVG) ha logrado contabilizar por lo menos 15 asesinatos de mujeres familiares de personas que laboran en el sector justicia o seguridad pública. Se trata de una tendencia que se ha logrado determinar desde el año 2017 hasta la fecha. De los departamentos, San Salvador es el que más víctimas presenta.
Desde el 2012 hasta julio del 2018 han asesinado a 2,626 mujeres en El Salvador, lo cual sigue reflejando las problemáticas que afrontan día con día las mujeres en nuestro país: tanto la violencia que sufren en sus hogares, como la violencia estructural y la social que es generada por las pandillas. El SIAVG analiza el asesinato de mujeres en tres vertientes: el asesinato de mujeres familiares de personas que laboran en el sector justica o seguridad púbica, pandilleras o familiares de pandilleros, y las víctimas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, hay otro dato de una dimensión desconocida, aquella en la que no se conoce el porqué son asesinadas, principalmente por la falta de un sistema de pruebas científicas, lo que dificulta tener toda la información acerca de la víctima.
Estos feminicidios tienen características de ignominia, sobre todo los de las mujeres con familiares en el sector justicia y seguridad pública. En este año se podría resaltar que han asesinado a una mujer familiar cada mes; no obstante, el mes de junio no reporta ninguna muerte de este tipo.
Los presuntos asesinos en estos casos son, en su mayoría, pandilleros que las asesinan de manera cruel para provocarles dolor, frustración e indignación, así como para resquebrajar la moral de los profesionales que combaten el crimen. Las atacan por el hecho de ser mujeres; las creen débiles, fáciles de manipular y las han tomado como un trofeo de guerra. Un ejemplo es el caso de Mercedes Catalina Vásquez, de 43 años, quien era compañera de vida de un agente de la PNC. Fue asesinada junto a su hija Paola Mercedes Córdoba Quijano, de 11 años, en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador.
El 11 de agosto del 2018 el fiscal Douglas Meléndez publicó en su cuenta de Twitter: “Nos vemos obligados en hacer esta alerta a los miembros de la seguridad pública, para que tomen las medidas adecuadas”, ya que pandilleros han dado instrucciones de atentar contra miembros de Seguridad Pública. Aunque estén en alerta por estas amenazas, sus familias quedan en los hogares sin saber qué podría pasar mientras ellos salen a exponer sus vidas.
En los últimos años, el asesinato de mujeres no desciende de las 400 por año, pues se sigue presentando como un problema invisible y cotidiano que enfrentan las mujeres en El Salvador. La violencia feminicida es la última pieza de este fenómeno. Para llegar a ella hay que tocar los ciclos de violencia que están tan naturalizados en la sociedad que no se perciben. El sistema ha logrado encontrar esta dimensión poco estudiada, este fenómeno del feminicidio en El Salvador que muy probablemente otras estructuras delincuenciales podrían estar utilizando para socavar las organizaciones que combaten el crimen organizado.