DESAPARECIDAS EN EL SALVADOR
La cifra de 234 mujeres y niñas desaparecidas reportadas desde el 2014 a abril de 2018 por el Instituto de Medicina Legal de El Salvador es casi invisible. De ellas, 89 son mujeres entre los 10 y los 20 años. Nadie sabe cuántas han sido encontradas vivas, muertas o si todavía están desaparecidas. De todos los departamentos, Sonsonate es el que se ha convertido en el más peligroso respecto al hecho de ser mujer.
Muchas mujeres son víctimas del crimen organizado. Las pandillas son los más importantes generadores de la violencia multifactorial que afecta principalmente a la mujer, aunque los datos presentados sean preliminares y pueden variar, ya que, como sucede con otras cifras estadísticas, aún no existe un sistema unificado entre la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal que permita precisar cuántas de esas mujeres logran sobrevivir a los diferentes flagelos que están causando sus desapariciones.
El perfil de estas mujeres corresponde a estudiantes de secundaria, universitarias y trabajadoras del sector servicio; en menor medida son profesionales; esto se puede precisar por la edad. Asimismo, la zona geográfica donde más afecta el fenómeno nos puede dar indicios del por qué desaparecen.
Vivir sin saber dónde está una familiar desaparecida es una dura realidad que enfrentan varias familias de más de 70 municipios de El Salvador que han sido afectadas por la violencia interna que muchos de los municipios viven a diario. La angustia de los familiares de las desaparecidas los lleva a salir a pegar fotografías con sus rostros en postes de barrios y colonias, con la esperanza de tener alguna información que los lleve a dar con su paradero. Sin embargo, existen muy pocas instancias que ayuden a curar estas heridas latentes que están destruyendo el tejido social y que amplían más las grietas abiertas por la descomposición social.
La desaparición de una mujer es una tragedia no solo para la persona que desaparece, sino también para sus familiares, que quedan en una situación de incertidumbre. El no saber qué ha sido de ella es un proceso difícil de superar, ya que esto genera problemas psicológicos, jurídicos, administrativos, sociales y económicos; en muchos casos pueden durar, incluso, décadas después de ocurridos los hechos, convirtiéndose en un grave problema difícil de cicatrizar y que complica la restauración del tejido social.
El miedo y el silencio que conlleva una desaparición producen la ausencia de información por parte de las autoridades. Incluso cuando existen indicios de que la persona ha desaparecido, muchas veces la policía no muestra estar dispuesta a buscar a la persona, lo que genera que estos familiares salgan a diario a la búsqueda en los cementerios clandestinos, de los cuales, de acuerdo con la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio de la Fiscalía, fueron encontrados al menos 154 entre 2014 y 2016 en 10 de los 14 departamentos del país, asociados principalmente a pandillas. Si las desaparecidas no son localizadas, los familiares continúan la búsqueda de su cuerpo en las zonas de descargo que tienen estas estructuras criminales para deshacerse de sus víctimas.
Sobre la dificultad de probar la muerte de una persona desaparecida, en El Salvador se necesita encontrar el cuerpo como una prueba esencial de que el desaparecido realmente ha muerto. Sin embargo, no existe un proceso de búsqueda, exhumación e identificación de las personas muertas en relación con la situación de violencia interna y muchas veces este proceso es tedioso y desgastante.
El estatuto de la persona desaparecida no es reconocido y, por ende, los familiares no tienen derecho a recibir ningún apoyo específico. El estatuto jurídico indeterminado del cónyuge o de los descendientes de una persona dada por desaparecida tiene consecuencias en lo que respecta a los derechos de propiedad, custodia de los hijos y derechos de sucesión. En la mayoría de los casos, los familiares carecen de información sobre sus derechos, así como sobre los trámites que deben realizar para obtener una ayuda financiera o material, además de que el procedimiento para recibir apoyo jurídico puede tardar años.
Las familias de las personas dadas por desaparecidas sufren más problemas de estrés que aquellas que saben que sus seres queridos están muertos. Además de haber perdido a una allegada, la mayoría de esas familias sufren otros hechos traumatizantes, como desplazamientos forzados, amenazas contra su vida o violencia física. La ausencia del cuerpo no les permite realizar el duelo psicológico ni social, lo que convierte a este en un problema que hace urgente la intervención pronta del Estado. En él recae, en primer lugar, la responsabilidad de evitar las desapariciones y de averiguar el paradero de las desaparecidas.