EL ENIGMA DE LOS EMBARAZOS EN EL SALVADOR

Las cifras de la violencia de género nos dejan un amargo sabor de boca. Más si tenemos en cuenta que la mitad de todos los embarazos ocurren en niñas menores de edad, y si consideramos las cifras de violaciones, mujeres desaparecidas y feminicidios. Todo nos reafirma que los entornos socioculturales contribuyen a la violencia generalizada contra la mujer.

Hay 33,914 mujeres embarazadas entre los 12 y los 17 años de edad. Es necesario que el Estado aborde desde una perspectiva más seria lo que está pasando con este grupo etario, por el desarrollo y su impacto en la población de El Salvador.

Las altas tasas de natalidad en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Santa Ana son impresionantes. Si bien es cierto que el promedio de hijos por mujer en edad fértil (de los 18 a los 30 años) ha descendido significativamente de 152 a 102, cuando se analizan las cifras discriminadas por estratos sociales salta a la vista que aún hay mucho por hacer en materia de control del crecimiento de la población del país.

El embarazo de mujeres menores tiene graves consecuencias sobre su calidad de vida y de los hijos por nacer, limita las posibilidades de desarrollo personal y social tanto de ellas como de sus hijos en la medida en que reduce las oportunidades de educación y, por tanto, dificulta obtener un mejor empleo; asimismo, aumenta el número de personas con dependencia económica en familias que con frecuencia tienen escasos recursos económicos. En general, el embarazo en mujeres menores se convierte en un factor que afecta la calidad de vida de las personas. El embarazo en edades tempranas es un factor que contribuye a perpetuar el círculo de pobreza.

Una de las causas de las altas cifras de embarazos en mujeres menores de 19 años es la negativa respecto de la educación sexual y los mecanismos de protección a las mujeres. No podemos omitir que dentro de ello hay un abuso y que el Estado debe trabajar por erradicarlo. Esta situación es un patrón de coacción y control con ayuda del cual las estructuras de las pandillas generan su poder sobre muchas mujeres que viven en sus territorios.

Muchos de estos embarazos suceden en contra de la voluntad de ellas, pues las obligan a mantener relaciones sexuales bajo presión o amenaza, incluyendo la violación. El abuso, sea emocional o físico, jamás debe aceptarse; sin embargo, por el miedo muchas de ellas guardan silencio y tienen que cargar con estos hijos.

“La noche que nos violaron a las tres… ellos estaban drogados, escuchábamos la música, los gritos las risas. Nuestra casa es pequeña, mi mamá con esfuerzo la tenía enrejada para que no entraran, pues ellos controlan todo en la colonia. Pero no les bastó, rompieron el techo, entraron como animales; primero eran tres, después cinco y después no me acuerdo. Yo tenía 13 años, nos  arrastraron, a mi hermana, a mi mamá y a mí; nos violaron varias veces y se fueron;  no paramos de llorar las tres, nos quedamos dormidas y ensangrentadas, llamamos a la ambulancia y nos llevó. Dos meses después me enteré que estaba embarazada, mi mamá me dijo que tenía que tenerlo porque Jehová así lo quería. Una señorita que trabajaba acá con jóvenes me traía ropa y cosas para la niña, pero cuando veo a la niña solo recuerdo esa noche. Mi mamá la tiene. Yo me fui de ahí porque cuando caminaba ellos siempre se burlaban de mí, me querían tocar. Conocí a otro joven, estoy con él solo porque tenía que salir” (Wendy, una joven del norte de San Salvador).

Sin embargo, de acuerdo con el pulso que ha estado llevando el Sistema Interactivo de Avisos de Violencia de Género (SIAVG), podemos afirmar que toda agresión perpetuada contra la mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género, la cual puede adoptar diversas formas, lo que permite clasificar de acuerdo con la relación que se enmarca y ejerciendo el poder que supone. Una  de estas formas son los embarazos en adolescentes y niñas. Según datos del MINSAL, en los rangos de edad de 9 a 11 años, hay 32 mujeres embarazadas.

Lo anterior nos lleva a plantearnos que el camino de la sexualidad de la población joven en el país está iniciando a muy temprana edad. El consumo de una educación sexual hoy en día para los jóvenes está en las redes sociales y el sistema educativo no se preparó para ofrecer posibilidades de cambios culturales y estructurales que conlleven el respeto de los derechos de las mujeres.

Con estas cifras de embarazo y maternidad en la adolescencia, es y será muy difícil hablar de reducción de la pobreza en El Salvador. Es urgente revertir esta situación a través de la implementación de políticas y recursos públicos suficientes para brindar una educación integral en sexualidad en los centros escolares públicos, así como por medio del fortalecimiento del área de salud sexual dirigida a los adolescentes, lo cual permitiría que se empoderen en la toma de decisiones y en el desarrollo de un plan de vida desde esta etapa para alcanzar metas a largo plazo en beneficio de la sociedad.