A 9 años de la LEIV aún nos siguen asesinando
Más de 600 mujeres se hicieron presentes a la marcha en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, en el parque Cuscatlán en San Salvador para culminar su recorrido en la Plaza Cívica del Centro Histórico. Fotografía: Milena Arce
Por Milena Arce y César Hernández
La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres (LEIV) se creó con el fin de garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia para proteger su derecho a la vida, su integridad física y moral.
Pese a que el Sistema Judicial de El Salvador tiene esta herramienta legal desde hace nueve años su aplicación sigue siendo mínima y carece de actualidad frente a modalidades de asesinato de mujeres a manos de las pandillas. Todavía no hay un sistema que nos responda ¿por qué están asesinando a las mujeres?
Además, al momento de dar paso a una ley, se deben pensar en todos los factores que van acompañarla, para así, hacerla cumplir con cabalidad. No es únicamente la creación de la ley, también se debe enfatizar en la parte de investigación del delito, el robustecimiento de las instituciones encargadas de indagar, investigar y sustentar un ilícito frente a un juzgado.
Háblame de Respeto sigue afirmando que la mayor cantidad de asesinatos son cometidos por miembros de las estructuras criminales, que la transgresión por la rivalidad y las transformaciones en los roles de las homegirls al transcurrir los años viene hacerles participe de los asesinatos a otras mujeres o ser coautoras de estos. Las pandillas están asesinando a las mujeres comerciantes, empleadas, familiares del sector justicia, etc; de una forma violenta pero que la LEIV no puede catalogar como Feminicidio sino como homicidio, pasando de un ámbito privado al público.
Si bien es cierto, la creación de la LEIV en el país fue un gran avance en cuanto al reconocimiento de este fenómeno de violencia que afecta a las mujeres, los asesinatos violentos siguen estando presentes en la sociedad salvadoreña. Desde el año 2012 hasta el 5 de marzo del 2021, han asesinado a 2,871 mujeres. Entre estos años el 2015 fue el más violento en el país, ya que 574 fueron asesinadas en total, siendo el tercer trimestre de julio a septiembre donde la cifra superó las 60 muertes al mes, es decir, en promedio dos por día.
Desde los periodos de gobierno de ARENA se han implementado programas para erradicar la violencia en el país, dando inicio en el gobierno de Francisco Flores, con su plan “mano dura”, que no fue más que una respuesta represiva ante los grupos criminales, de igual manera en el mandato de Antonio Saca, con el seguimiento de este plan, al que denominó “súper mano dura”, teniendo como base la misma idea represiva.
En 2009 El Salvador experimentó un inédito cambio de gobierno, al llegar por primera vez al poder ejecutivo el partido de izquierda FMLN a través de Mauricio Funes. El gobierno de Funes dejó a un lado la idea represiva de sus antecesores y comenzó a implementar programas sociales dirigidos hacia las mujeres como “Ciudad Mujer”, que tenía un enfoque de prevención, asistencia y capacitación de las mujeres en el país. Pero, el periodo de Funes se vio opacado por la tregua con pandillas que llevó a cabo, que lejos de reducir los asesinatos, aumentaron o se mantuvieron en el tiempo. Para la entrada del segundo mandato de Sánchez Cerén, la violencia aumentó para las mujeres, ya que los años 2015 y 2016 registraron arriba de 500 asesinatos. No obstante, hubo una gran disminución de casi la mitad para el 2017. En los dos últimos trimestres del gobierno del FMLN en el año 2019 se reportaron 191 asesinatos de mujeres.
A partir de junio de 2019 con el nuevo gobierno de Nayib Bukele, en los primeros seis meses de su mandato las cifras fueron iguales en comparación con el tercer y cuarto trimestre del año 2018. Es decir, que no hubo una disminución de asesinatos de mujeres en los primeros dos trimestres del gobierno de Bukele.
Así también, Bukele retoma la idea de un plan contra los grupos criminales, llamándolo “Plan Control Territorial”, que al igual que el “mano dura” de Flores y “súper mano dura” de Saca, tiene un corte represivo contra las pandillas. El Plan Control Territorial en su fase I y II no contempla los municipios donde se contabilizan el mayor número de muertes violentas de mujeres, por ello Háblame de Respeto sigue analizando que al plan le hace falta un enfoque de género para erradicar la violencia contra la mujer en su máximo nivel de expresión que es el feminicidio y homicidio.
Además, durante más de diez años en procesar datos sobre violencia contra la mujer por el SIAVG, hasta este año 2021, se registra el primer asesinato de una mujer por violencia política desde los Acuerdos de Paz (1992) que puso fin a la guerra civil. Debido a este hecho sin precedentes, la Asamblea Legislativa en la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, aprobó enmiendas al artículo 55 y el 10 de la LEIV agregando el literal D.
Mujeres sin justicia
La mora judicial no es algo nuevo en el país, de las 2,871 mujeres asesinadas únicamente se han condenado(a través de tribunales de sentencia) a 145 personas por los delitos de feminicidio simple, feminicidio agravado, homicidio simple y homicidio agravado.
Cada institución tiene una función en específico a la hora de buscar justicia, sobre todo, la justicia hacia esas miles de mujeres que les arrebataron su vida. Para poder llegar a una justicia real, se realiza un trabajo articulado, la PNC en conjunto con la FGR se encargan de la parte de captura y recolección de las pruebas, pero estas instituciones aún siguen teniendo carencias a la hora de investigar el delito. Tal es el caso de la FGR, que solo tiene una fiscal especializada en feminicidios en todo el país.
Por consecuente, el Órgano Judicial es el encargado de impartir esa justicia, este puede condenar o absolver a un victimario. Pero en el país, hay únicamente 3 juzgados especializados para una vida libre violencia contra la mujer, por lo que la carga sigue siendo demasiada y aún persiste el estancamiento judicial.
Hasta la fecha, solamente hay 21 sentencias definitivas impuestas en el periodo de tiempo de 2012 a 2020. Este tipo de sentencia no permite ningún tipo de recurso como: reducción de años de cárcel, modificación del delito, etc. Estas se han logrado imponer en un rango de 30 a 40 años de prisión, pero todavía quedan 2,706 mujeres asesinadas que el Sistema Judicial aún no les imparte justicia.
De estas 21 sentencias, el 47.5% de los asesinatos de mujeres tardan de uno a dos años en ser sentenciados definitivamente, mientras que otro 15.8% de los casos tarda de dos a tres años y un 36.7% tarda tres años o más en tener una resolución definitiva.
Es decir, que la lentitud judicial que hay en el país golpea enormemente a las víctimas y familiares, por lo que el sistema se ve desmitificado frente a uno de los principios de la jurisprudencia, en específico el de “Pronta y cumplida justicia”.
Conozcamos el caso de doña Gloria del Rosario Pacheco Osegueda, de 52 años, propietaria del negocio “Depósito La Cima”, fue asesinada el 22 de enero del año 2011, en la Cima I, San Salvador. El Sistema Judicial se tardó seis años para hacer justicia a doña Gloria, en manos del supuesto imputado Bryan Enrique Chicas, de 24 años miembro de la pandilla de la MS.
La condena fue impuesta en el año 2017, a 15 años de prisión en el Centro Penal de Zacatecoluca por el delito de Homicidio Simple, no obstante, en marzo del 2018, la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro, de San Salvador, ante un recurso de apelación presentado dictaminó un fallo para revocar la sentencia definitiva condenatoria y con ello absolver (dejarlo en libertad) al imputado.
Según los abogados defensores de Chicas, “la prueba testimonial realizados tanto por el testigo criteriado y el agente resultaron ser incongruentes y faltos de complementariedad y confusos (faltos de credibilidad) resultando contradictoria la fundamentación del juez en su sentencia, pues si los hechos narrados por los testigos no son congruentes a efecto de acreditar participación no puede visualizarse como delictiva, ya que no existen los elementos que corroboren dichas tesis. De lo anterior se deduce, que en los términos que el Juez estimó la prueba testimonial, dándoles total credibilidad y fundamentando su fallo en la existencia de prueba indiciaria entendiendo ésta según la doctrina “como un hecho o circunstancia de la cual se puede mediante una operación lógica inferir la existencia de otro” para el caso concreto el juzgador refiere que no existe prueba directa respecto de la coautoría del homicidio, que se le atribuye al señor Bryan Chicas, en perjuicio de la señora Gloria Pacheco, sin embargo se ha incorporado prueba indiciaria lo que implica que solo existen señales que por derivación (especulación) recrean el evento histórico delictivo a través de la concatenación de hecho”.
El caso de Gloria del Rosario nos visualiza el funcionamiento del sistema en el país, como una condena puede tardar tanto en imponerse y una absolución puede ser tan diligente. Un dato impactante es que el 27.1 % de los asesinatos judicializados de mujeres han sido absueltos en el periodo de 2012 a 2020. Es decir que uno de cada cuatro asesinatos es absuelto en El Salvador.
Debido a la carga de trabajo que presenta el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres en San Salvador. La Asamblea Legislativa aprobó el 12 de noviembre del año 2020, reformas a la Ley Orgánica Judicial, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, para crear en San Salvador el Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres que ayudará a los Juzgados de Paz de los departamentos de San Salvador, La Libertad y Chalatenango. Así mismo, establece también la creación de un Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, en Cojutepeque, Cuscatlán. Esté asistirá casos de los juzgados de Paz en los departamentos de La Paz, Cabañas, Cuscatlán y San Vicente.
Mientras tanto, si los movimientos de mujeres, periodistas y la población en general no exigen que se cumpla a cabalidad uno de los principios universales de la jurisprudencia (pronta y cumplida justicia), seguirán debiéndole justicia a 2,706 mujeres asesinadas desde el año 2012 hasta la fecha y no solo a ellas, sino a sus familiares que siguen sin tener una verdadera reparación judicial, psicológica y emocional.
La normalización de la violencia contra la mujer en su máxima expresión (el asesinato) sigue impregnada en nuestras sociedades, esto, sumado a la movilización de los cuerpos en las zonas de liberación, las desaparecidas, las mujeres que son enterradas sin identidad, las que yacen en los cementerios clandestinos ¿No le interesan a nadie?
Háblame de Respeto les contará más en nuestro segundo capítulo.